“Sorprende por su buena nota el Ayuntamiento de Campos del Río, al que solo supera Murcia. Otros como Totana, San Pedro del Pinatar, Cartagena, Torre Pacheco, Caravaca de la Cruz y Alcantarilla también obtienen muy buena nota.”
La transparencia en la gestión administrativa de cualquier entidad pública local se fraguó en España al de la crisis financiera global de 2008 y, sobre todo, tras los numerosos casos de corrupción política y económica conocidos en la segunda década del siglo XXI que originaron un contexto político muy convulso. De ahí nació la Ley de Transparencia, en 2013, para dar respuesta a un creciente interés social, también hoy en día, que se centra en conocer cómo se administra el dinero de los ciudadanos desde los ayuntamientos hasta el Gobierno central.
Esa norma cogió fuerza a raíz de los sucesivos casos de manipulación contable en los ayuntamientos españoles durante las últimas décadas que, sumado a los casos de corrupción, llevaron a una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. La ley obliga a los consistorios a publicar en sus páginas web una serie de informaciones relativas a la gestión financiera y económica del municipio: contratos, importes de licitación y adjudicaciones; subvenciones y ayudas públicas; presupuestos; convenios; retribuciones de altos cargos o las declaraciones anuales de bienes y actividades de los concejales de las corporaciones.